La pandemia por COVID-19 puso en evidencia que el acceso a internet dejó de ser un lujo o un privilegio, y que, por el contrario, es un derecho tan fundamental como cualquier otro y que debe ser garantizado por el Estado, porque implica el acceso a la información, a la comunicación, a la salud, a la educación y al trabajo.
En agosto de 2020, la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal) instó a los Gobiernos de la región a avanzar hacia un nuevo
modelo de gobernanza para asegurar el denominado “Estado de bienestar digital”
que, entre otras cosas, promueva la igualdad y proteja los derechos económicos,
sociales y laborales de la población.
Según datos del organismo, el 67 % de las personas y el
60 % de los hogares latinoamericanos cuentan con una conexión a internet,
pero mientras en las ciudades los hogares sin conexión representan el
33 %, en las zonas rurales llegan al 77 %.
Colombia está dentro del promedio de la región, ya que un
62 % de la población usa internet. Sin embargo el índice de penetración de
este servicio fijo es apenas del 37,5 %, es decir que un número importante
de personas accede a través de celulares, y la mayoría con planes prepago.
Para la profesora Beatriz Quiñones, del Centro de
Pensamiento TIC, Nuevos Medios y Brecha Digital, de la Universidad Nacional de
Colombia (UNAL), “la brecha digital en el país es geográfica, etaria, social e
incluso de mentalidades, aspectos que están impidiendo que tengamos acceso a la
información y facilidades para comunicarnos; es el reflejo de otras
desigualdades”.
Iniciativas parlamentarias
Señala además que en el último año en el Congreso de la
República se han presentado algunas iniciativas dirigidas a reducir la brecha
digital en el país.
Por ejemplo, el pasado 29 de abril –en último debate– el
Senado de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca que
internet sea un servicio público de carácter esencial y universal como el agua
y la energía eléctrica.
De otra parte, en la Cámara de Representantes cursa trámite
el proyecto de ley que busca garantizar un mínimo vital de acceso y uso de
internet para los colombianos de estratos 1, 2 y 3.
Con respecto a la financiación de estas iniciativas, el
profesor Jorge Iván Bula –del mismo Centro de Pensamiento– afirma que “el
próximo proyecto de reforma tributaria que llegue al Congreso debe incluir una
estrategia de financiamiento que permita que dichas leyes sean una realidad en
el país”.
Por su parte la profesora Quiñones señala que “nada sacamos
con que se tenga claridad de que internet es un servicio público esencial sino
se garantiza el acceso a este”.
En ese sentido, recuerda que “mediante un convenio que se
adelanta con el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso,
se evidenció que aunque se reconoce la importancia de garantizarles a las
poblaciones vulnerables del país el acceso a internet, supuestamente no se
contaba con los recursos económicos para la puesta en marcha de estas”.
Teniendo en cuenta que el objetivo de este Centro de
Pensamiento de la UNAL es abrir espacios de discusión y a partir de ellos
construir documentos que sirvan como insumo para la elaboración de política
pública, se propuso discutir acerca de las estrategias de financiación que se
deberían considerar para garantizar un acceso real a internet.
En ese contexto, este jueves 3 de junio se realizará el
nuevo #DebateUNAL “Conectividad, garantía de acceso y brecha digital:
estrategias de financiación”.
El evento –moderado por el profesor Bula– contará con la
participación de Walid David Jalil Nasser, viceministro de Conectividad del
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Fernando
Zarama Vásquez, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN); Marcelo de Ambrosio, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños
Operadores de Internet (Cappi), y Jesús Alberto Villamil Martha, profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.
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