Poder político influiría en toma de decisiones que afectan el ambiente

 Las personas que tienen un mayor poder político, y en particular aquellas que tienen una mejor posición económica, tendrían una tendencia más marcada a elevar las cuotas de extracción de bienes públicos –recursos mineros e hídricos, entre otros– a la hora de tomar decisiones socioambientales en una comunidad, pese al deterioro ambiental que estas ocasionen.

Así lo evidencia un experimento económico realizado por Daniel Niño Eslava, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), el cual pretendía analizar de qué manera las personas toman decisiones sobre cómo gestionar un recurso, teniendo en cuenta la desigualdad económica y política.

Con este ejercicio se dio a conocer cómo se comporta la gente en contextos de desigualdad cuando tienen que tomar decisiones ambientales, con el fin de tener una idea más clara de lo que se debe hacer para que las instituciones públicas funcionen correctamente y se mejoren sus resultados.

“Tomamos como referencia algunos antecedentes para mirar cómo las personas tomaban decisiones sobre cómo gestionar un recurso, por lo que intentamos replicarlo en esta prueba piloto, teniendo como novedad la desigualdad política y económica en el grupo de estudio. En este caso, la desigualdad económica tenía que ver con las dotaciones que poseía cada persona y cómo las usaba para afectar o no el medioambiente”, explica el magíster.

Experimento piloto

El estudio consistió en una prueba piloto que contó con la participación de 39 personas, por medio de la cual se encontró que la desigualdad política sí tiene un efecto en los resultados ambientales, sobre todo cuando el poder lo tienen los más ricos o los más pobres.

Los participantes debían tomar decisiones sobre cuánto extraer de un bien público y debían escoger de manera colectiva una cuota máxima de extracción.

“Normalmente esas actividades experimentales se realizan en un laboratorio, pero en nuestro caso decidimos hacerlo de forma virtual organizando a las personas en grupos de tres. A cada una de ellas se le dio una dotación de cantidades particulares y distintas entre sí de determinado bien público –una mina de oro o un yacimiento petrolero, por ejemplo– y se les preguntaba qué parte de esa dotación querían invertir para un proyecto muy rentable a nivel individual, pero que generaba costos o consecuencias a nivel colectivo; la otra opción era la de invertir en un proyecto con poca ganancia individual, pero que no afectaría a nadie”.

Según el magíster, con esa actividad se capturaba el conflicto de intereses entre el individuo y lo colectivo, que terminaba siendo el fondo del conflicto al momento de tomar decisiones ambientales.

En un segundo estudio los participantes debían ponerse de acuerdo en instaurar una cuota máxima de lo que se podía invertir en ese proyecto que implicaba costos grupales. “Ahí teníamos varios escenarios: uno de ellos era que, al momento de elegir el tope máximo de inversión, todos tendrían la oportunidad de votar equitativamente; en otro, la persona más rica del grupo o quien tenía la dotación más alta tenía un mayor valor en la votación y se hacía lo que él o ella dijera. Y en el tercer escenario, se le daba el poder político a quien tuviera la dotación intermedia o la de menor cantidad”.

En este caso, quien tuviera el poder político tenía la capacidad de influir en la política ambiental, a través de la cuota máxima de extracción pudiendo darse desde una elección más democrática, o particular, dependiendo de la cantidad de recurso que tuviera el líder político.

El investigador advierte que como este tipo de experimentos económicos suelen ser incentivados por dinero real, para que las personas sientan que tienen pérdidas y ganancias tangibles, recomienda que esta investigación pueda ser ampliada a más individuos, en la que se pueda explorar, por ejemplo, qué tiene que ver la percepción del mérito para que cambie ese comportamiento