Identificar qué integrantes de una comunidad universitaria podrían estar relacionados con los territorios afectados por una emergencia requiere cruzar miles de registros y convertirlos rápidamente en información útil. Una herramienta desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) permitió establecer que 8.960 de sus estudiantes proceden de municipios con amenaza sísmica alta, ubicados en los departamentos priorizados después del terremoto del 10 de agosto.
El tablero les ofrece a las directivas y dependencias
autorizadas información organizada por sede, facultad, programa académico,
departamento y municipio de procedencia. Con estos datos pueden delimitar la
población que debe ser consultada, realizar acercamientos y orientar sus
decisiones a partir de las necesidades que encuentren.
La cifra no significa que los 8.960 estudiantes hayan sido
afectados ni que todos requieran apoyo. La herramienta tampoco sustituye el
contacto directo con ellos. Su aporte consiste en reducir un universo de más de
55.000 registros y señalar por dónde podrían comenzar las acciones de las
direcciones académicas y de bienestar.
Desarrollado por la Oficina de Planeación y Estadística de
la UNAL Sede Bogotá, el tablero forma parte de una apuesta institucional por
aprovechar los datos disponibles para responder preguntas concretas y apoyar la
toma de decisiones.
“Empezamos a construir tableros de información que permitan
ayudar a la toma de decisiones a partir de la información estadística”, explica
Geraldo Millán Cuervo, jefe de Planeación de la Sede Bogotá.
Tres fuentes para delimitar la información
Para construir la herramienta se partió de la base
preliminar de estudiantes matriculados durante el primer semestre de 2026,
suministrada por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística. Esta
información se cruzó con los departamentos incluidos en el Decreto 1171 del 11
de agosto de 2026 y con la clasificación municipal del Reglamento Colombiano de
Construcción Sismorresistente, conocido como NSR-10.
El decreto declaró por doce meses la situación de desastre
nacional en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda,
Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander, además de los
demás territorios que resultaran afectados.
La medida se tomó después del terremoto de magnitud 7,4,
ocurrido el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del
Palmar, Chocó. Los reportes preliminares incluidos en el decreto daban cuenta
de afectaciones en 330 municipios y señalaban que las capacidades de algunas
administraciones territoriales habían sido desbordadas.
Una vez establecidos los departamentos, se identificaron sus
municipios clasificados por la NSR-10 con amenaza sísmica alta. La norma
contempla tres niveles, alta, intermedia y baja. En esta primera aproximación
se eligió el nivel alto para obtener un grupo más acotado y útil para la
respuesta inicial de la Universidad.
“Es un tablero de aproximación de información. Por eso no
hay encuestas, sino que partimos de la información que tenemos”, señala Millán.
El cruce permitió pasar de una base de 55.261 matriculados a
8.960 estudiantes procedentes de los municipios seleccionados. De los registros
disponibles, 155 no incluyen departamento ni municipio de procedencia.
Del dato general a posibles acciones
La herramienta permite aplicar filtros por sede, facultad,
programa, nivel de formación, género, modalidad de admisión, estrato y lugar de
procedencia. Este último corresponde al departamento, municipio o ciudad que el
estudiante registró como su procedencia y no necesariamente al lugar donde
nació o estudia actualmente.
Así, un estudiante matriculado en Bogotá, Medellín o Palmira
puede conservar vínculos familiares y económicos con alguno de los territorios
afectados. Conocer esta relación les permite a las dependencias universitarias
establecer contactos más focalizados y comprender mejor las consecuencias que
la emergencia podría tener sobre su vida académica.
Cada sede determina las acciones que puede desarrollar a
partir de los datos. Entre ellas se encuentran el envío de comunicaciones, la
programación de llamadas y la consulta directa sobre las condiciones de los
estudiantes y sus familias.
La información no define de antemano qué debe hacerse ni
clasifica a los estudiantes como damnificados. Permite saber a quiénes
consultar para que las decisiones posteriores respondan a situaciones
verificadas.
“Cada particularidad es distinta”, advierte Millán. Las
necesidades de una Sede con más de 3.000 estudiantes incluidos en el tablero
pueden ser muy diferentes de las de otra que registra unas pocas decenas.
Manizales es la Sede con el mayor número de estudiantes
identificados, con 3.949. Le siguen Palmira con 2.345, Bogotá con 1.360 y
Medellín con 1.217. En Tumaco se registran 58, en Amazonia 28, en La Paz 2 y en
Orinoquia 1.
Por facultades, Ingeniería y Arquitectura de Manizales reúne
2.125 estudiantes. Ingeniería y Administración de Palmira registra 1.371,
Administración de Manizales 1.168 y Ciencias Agropecuarias de Palmira 811.
Caldas encabeza los departamentos de procedencia con 3.530
estudiantes, seguido por Valle del Cauca con 2.375, Putumayo con 603, Cauca con
567 y Antioquia con 519.
En el nivel municipal, Manizales presenta la mayor cifra con
2.757 estudiantes. Después aparecen Villamaría con 332, Chinchiná con 126 y
Riosucio con 73.
Una apuesta por decidir con evidencia
El tablero desarrollado después del terremoto forma parte de
un conjunto de herramientas creadas por la Oficina de Planeación y Estadística
para organizar, analizar y aprovechar la información institucional.
“Nuestra principal fuente de datos, indudablemente, es la
Dirección Nacional de Planeación, que proporciona el dato oficial en muchos de
los campos”, destaca Millán.
Entre los desarrollos se encuentran Sede en Cifras,
Indicadores Estratégicos, Sede en Contexto, OPData y la plataforma de registro
de informes de gestión. Estas herramientas permiten consultar tendencias
históricas, comparar información entre facultades, relacionar variables y hacer
seguimiento a diferentes procesos universitarios.
Otras, como la
creada después del terremoto, cruzan bases institucionales con fuentes externas
para responder a una necesidad específica.
“Todas estas herramientas buscan apoyar a las diferentes
dependencias y a los tomadores de decisiones para que encuentren los datos que
necesitan”, asegura el jefe de Planeación.
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