La nueva gobernanza sobre parte la reserva marina en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha afectado la vida de los habitantes de esa región del país y su interacción con sus vecinos y con el mar.
Una investigación sobre las implicaciones sociolegales de
este conflicto, realizado por la antropóloga María Catalina García, de la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL), candidata al doctora en Geografía y
Desarrollo Internacional de la Universidad de Ámsterdam (Holanda), concluye que
esta cotidianidad en torno al mar ha cambiado durante el litigio y ha impactado
tanto los medios de vida de las comunidades involucradas como su medioambiente.
Las consecuencias que han dejado más de dos décadas del
conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua se traducen en cambios en las
dinámicas espaciales entre las poblaciones del territorio étnico, impactos
sobre el sustento económico de los raizales por las implicaciones en la pesca
artesanal, así como inconvenientes en la implementación de acciones concretas
para preservar el medioambiente marino de la Reserva de la Biósfera Seaflower.
Según los estudios de la antropóloga de la UNAL –que han
incluido trabajo de campo tanto en el Archipiélago colombiano como en
territorio nicaragüense– la disputa y el fallo de La Haya, que establece la
cesión de parte del territorio marítimo colombiano a Nicaragua, ha afectado de
manera considerable las dinámicas propias de este “maritorio”.
“Hay una percepción diferente del espacio, de los derechos
sobre el territorio, de la forma de movilizarse, de la interacción con el
medioambiente, y esto también es cierto para las comunidades creole de
Nicaragua. Hay una reconfiguración de todas esas relaciones”, asegura la
investigadora.
Aumenta pesca ilegal
La antropóloga García señala que uno de los aspectos más
importantes es el impacto en la actividad de pesca. Desde que la Corte
Internacional otorgó soberanía sobre parte de la reserva marítima a Nicaragua,
ese país ha entregado licencia para explotación pesquera industrial en esta
área y ha aumentado la pesca ilegal, lo que representa un riesgo para la
sostenibilidad del ecosistema y las poblaciones. En el lado colombiano esto
también ha impedido acciones más efectivas para el cuidado de la Reserva
Seaflower, y ha afectado a las comunidades de pescadores artesanales del
Archipiélago.
Así mismo se han visto impactadas las relaciones entre los raizales que viven en ambos países, pues ahora es más complicada la comunicación donde antes había una interacción más cercana. “Lo cierto es que las fronteras han venido separando sistemáticamente a dos poblaciones tradicionalmente cercanas, por lo menos en términos jurídicos y políticos, a pesar de los esfuerzos de esas comunidades para no dejarse fragmentar”, asegura la magíster.
