Con embalses en niveles críticos, tarifas en alza y aumento de la demanda, Colombia enfrenta otra crisis energética. Ante este panorama, un ingeniero propone un nuevo modelo tarifario que permitiría pagar menos según la hora de consumo, elegir el proveedor y anticiparse a las alzas, como ya ocurre en países como Brasil o Chile.
La iniciativa surgió tras el debate nacional que pretendía
entregarle al Gobierno la potestad de fijar directamente las tarifas
eléctricas, una propuesta que aunque no prosperó sí evidenció las debilidades
del modelo actual. “Ese fue el punto de partida para preguntarme si hay formas
más justas y sostenibles de hacerlo”, señala el ingeniero electricista Juan
Sebastián Belalcázar Silva, magíster en Sistemas Energéticos de la Universidad
Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.
Su investigación identifica que el modelo tarifario actual,
vigente desde 2007, ha generado desequilibrios que afectan con mayor fuerza a
los usuarios regulados, quienes no pueden negociar su tarifa, especialmente en
zonas como la Costa Caribe, donde el costo del kilovatio supera con creces el
promedio nacional.
“En varias ciudades las tarifas han subido por encima del
salario mínimo y el usuario no tiene margen de acción: solo recibe y paga”,
señala el magíster.
El estudio se desarrolló en 4 fases: (i) diagnostico de la estructura tarifaria colombiana a partir de series estadísticas (2011-2023), documentos normativos y análisis del comportamiento del mercado, (ii) caracterización de los modelos internacionales de Brasil, Chile, Noruega y California (EE. UU.), con base en variables como tipo de tarifa, señales de precio, estructura del mercado y gestión del consumo, (iii) evaluación del impacto que tendría implementar medidas similares en Colombia, y (iv) propuesta de un modelo adaptado al contexto nacional, con elementos técnicos y sociales que permitan su aplicación gradual.
¿Qué pasa en Colombia y cómo funcionan los modelos internacionales?
El sistema eléctrico colombiano es mixto: aunque existe
regulación estatal, la generación, distribución y comercialización está
mayoritariamente en manos privadas. Las tarifas dependen de múltiples variables
financieras, geográficas y climáticas, y se fijan a partir de fórmulas
complejas que el usuario no puede controlar. Esto ha generado desigualdad
tarifaria en varias regiones y una creciente percepción de injusticia.
Medidas propuestas
Entre las propuestas destaca la tarifa horaria, que
permitiría pagar menos por consumir energía en horas valle (por ejemplo de la
medianoche a las 8:00 a. m.) y más durante picos de demanda (de 6:00
a 10:00 p. m.), estrategia usada en California y Brasil que busca
incentivar el ahorro y el consumo responsable.
En detalle, la propuesta sugiere tres rangos horarios: (i)
tarifa valle, de 12:00 a. m. a 8:00 a. m., (ii) tarifa llana, entre 8:00
a. m. y 6:00 p. m., y de 10:00 p. m. a la medianoche, y (iii) tarifa pico, de
6:00 a 10:00 p. m. Además los fines de semana se podrían clasificar como
tarifa valle, lo que daría aún más herramientas para el ahorro.
El magíster Belalcázar señala que “Colombia ya cuenta con la
infraestructura técnica –como la curva de carga de XM– para implementarla, pero
falta voluntad institucional y pedagogía al usuario”.
También plantea un sistema de banderas tarifarias, similar
al brasileño, que alertaría sobre condiciones de escasez energética (como
sequías en embalses) y les informaría anticipadamente a los usuarios sobre
posibles aumentos o disminuciones en el precio. “Esto genera transparencia: si
hay una sequía el usuario entenderá por qué sube la tarifa, y se podrá
preparar”, explica.
Una tercera medida es la liberalización parcial del mercado
minorista, que les permitiría a los usuarios regulados elegir entre distintos
proveedores según sus necesidades, como ocurre en el Reino Unido. “Allá hay
planes fijos, prepago, con tarifas horarias o por niveles de consumo, como en
la telefonía móvil. La competencia hace que el usuario gane”, afirma.
Un modelo con enfoque territorial y ciudadano
“En Colombia el único rol del usuario es pagar el recibo.
Muy poca gente entiende qué está pagando y cómo puede cambiar su consumo.
Necesitamos darles herramientas reales”, sostiene.
Además del componente técnico, la propuesta reconoce la
necesidad de territorializar la política energética y fomentar una cultura
ciudadana sobre el uso eficiente de la energía. El modelo busca que el usuario
pase de ser un receptor pasivo de tarifas a un agente activo que comprende,
compara y decide.
“El principal obstáculo no es técnico: es político y
cultural. Las empresas se pueden adaptar, pero si no formamos al usuario de
nada servirá tener tarifas horarias o competencia”, concluye el investigador
Belalcázar.
Su propuesta aporta insumos valiosos al debate nacional
sobre transición energética y justicia tarifaria, en un momento crucial para el
país.
