Las personas que tienen un mayor poder político, y en particular aquellas que tienen una mejor posición económica, tendrían una tendencia más marcada a elevar las cuotas de extracción de bienes públicos –recursos mineros e hídricos, entre otros– a la hora de tomar decisiones socioambientales en una comunidad, pese al deterioro ambiental que estas ocasionen.
Así lo evidencia un experimento económico realizado por
Daniel Niño Eslava, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Colombia (UNAL), el cual pretendía analizar de qué manera las personas toman
decisiones sobre cómo gestionar un recurso, teniendo en cuenta la desigualdad
económica y política.
Con este ejercicio se dio a conocer cómo se comporta la
gente en contextos de desigualdad cuando tienen que tomar decisiones ambientales,
con el fin de tener una idea más clara de lo que se debe hacer para que las
instituciones públicas funcionen correctamente y se mejoren sus resultados.
“Tomamos como referencia algunos antecedentes para mirar
cómo las personas tomaban decisiones sobre cómo gestionar un recurso, por lo
que intentamos replicarlo en esta prueba piloto, teniendo como novedad la
desigualdad política y económica en el grupo de estudio. En este caso, la
desigualdad económica tenía que ver con las dotaciones que poseía cada persona
y cómo las usaba para afectar o no el medioambiente”, explica el magíster.
Experimento piloto
El estudio consistió en una prueba piloto que contó con la
participación de 39 personas, por medio de la cual se encontró que la
desigualdad política sí tiene un efecto en los resultados ambientales, sobre
todo cuando el poder lo tienen los más ricos o los más pobres.
Los participantes debían tomar decisiones sobre cuánto
extraer de un bien público y debían escoger de manera colectiva una cuota
máxima de extracción.
“Normalmente esas actividades experimentales se realizan en
un laboratorio, pero en nuestro caso decidimos hacerlo de forma virtual
organizando a las personas en grupos de tres. A cada una de ellas se le dio una
dotación de cantidades particulares y distintas entre sí de determinado bien
público –una mina de oro o un yacimiento petrolero, por ejemplo– y se les
preguntaba qué parte de esa dotación querían invertir para un proyecto muy
rentable a nivel individual, pero que generaba costos o consecuencias a nivel
colectivo; la otra opción era la de invertir en un proyecto con poca ganancia
individual, pero que no afectaría a nadie”.
Según el magíster, con esa actividad se capturaba el
conflicto de intereses entre el individuo y lo colectivo, que terminaba siendo
el fondo del conflicto al momento de tomar decisiones ambientales.
En este caso, quien tuviera el poder político tenía la
capacidad de influir en la política ambiental, a través de la cuota máxima de
extracción pudiendo darse desde una elección más democrática, o particular,
dependiendo de la cantidad de recurso que tuviera el líder político.
